Esta pieza de agua chilena Chusmiza la he intercambiado con José Antonio Risco, de Lleida. Me ha resultado un intercambio muy interesante ya que tras esta marca he descubierto una interesante historia de reivindicación y lucha por los derechos del agua de una comunidad indígena chilena, los Aymara.
La pieza es anterior a 1960, ya que en ella aparece el apellido de los dos anteriores propietarios, Natalio Papic, el primer propietario de la marca y Antonio Ostoic. A partir de 1960 pasa a ser de un único propietario, Luis Papic Ramos.
Una pequeña pieza que encierra una gran historia.
Los poblados de Chusmiza y Usmagama en el norte de Chile, están ubicados a 140 Km. de la ciudad de Iquique y a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Cada pueblo cuenta con alrededor de 25 habitantes, y su población pertenece a la etnia Aymara. Su clima es templado con lluvias en los meses de diciembre, enero y febrero, por el fenómeno conocido como el invierno altiplánico. La mayor atracción de la zona son sus baños termales ubicados a 500 metros al sureste del pueblo, y a los cuales se les atribuyen poderes curativos. Esta fuente es también la principal fuente de abastecimiento de agua de ambos poblados.
Chusmiza y Usmagama han compartido por años su cultura y tradiciones, basadas principalmente en la agricultura y ganadería. Chusmiza es conocido en todo el país por su agua mineral y sus sanadoras aguas termales.
Desde comienzos de 1900 en estos pueblos vivían alrededor de 50 familias; cada una de éstas poseía aproximadamente unas 300 o 400 cabezas de ganado, caprino y ovino; y las tierras de ambos pueblos eran ideales para el cultivo de frutas, cereales y verduras, como el maíz, las habas, paltas, papas, cebollas etc. Para mantener estas actividades económicas para su sustento, los pobladores se abastecían de agua desde la vertiente de agua termal que emanaba de una roca, en el pueblo de Chusmiza.
En 1915 llegó desde el poblado cercano de Huara, Natalio Papic Bonacic, un inmigrante croata, quien se dio cuenta del negocio que había detrás de las medicinales aguas del socavón termal y decidió instalar una embotelladora, la que supuestamente traería progreso y desarrollo para ambos pueblos. Papic cedió los derechos de agua de sus predios a cambio de que la comunidad lo dejara extraer y procesar una pequeña cantidad (0,38 litros por segundo) de agua del socavón. El acuerdo fue sólo de palabra, ya que en ese entonces no se inscribían aún los derechos de agua y no existía el Código de Aguas, sino sólo se concedía la “merced de ésta”.
Luego de este acuerdo Natalio Papic construyó la embotelladora de Agua Mineral Chusmiza, frente al socavón, dejando un camino para la servidumbre pública y transitable, donde además instaló baños termales comunitarios. Dando inicio a la industrialización del agua termal en la zona.
Con el tiempo Papic se asoció con Antonio Ostoic, cambiando el nombre de la embotelladora por “Ostoic y Papic”, con la idea de construir un camino pavimentado hacia Chusmiza. Así Chusmiza fue uno de los primeros pueblos en contar con un camino apto para el tránsito de vehículos; no obstante faltaron cuatro kilómetros para llegar hasta la planta embotelladora, por lo que en dicho tramo, el agua envasada aún era transportada en animales. Posteriormente, Papic vendió su parte y la empresa pasó a llamarse “Ostoic y Cía.” Y en 1960, la embotelladora fue vendida a Luis Papic Ramos, entonces senador de la república y presidente del Senado.
Papic trasladó y modernizó la planta, incorporó más maquinaria, mejoró el acceso de camiones y aumentó la producción. Pero al mismo tiempo, sin informar a la comunidad, Luis Papic hizo los trámites para adjudicarse la concesión de derechos no consuntivos, por la mitad del caudal de la vertiente, para de esta manera poder llevar el agua, a través de cañerías, desde la vertiente hasta la embotelladora. En el año 1983, el Juzgado de Pozo Almonte le entregó a Luis Papic una autorización judicial para utilizar la mitad del caudal de Chusmiza.
A consecuencia de esta usurpación, Papic debió enfrentar las quejas y reclamos de la comunidad, por lo que se comprometió a solucionar el problema, devolver un nuevo baño termal comunitario, y entregar el agua que no ocupase a un estanque acumulador de agua, construido por la Dirección Regional de Riego, cosas que cumplió.
A la muerte de Papic en 1991, la empresa quedó abandonada por seis años hasta que su hijo Alejandro Papic Domínguez formó la Sociedad de Agua Mineral Chusmiza. El camino público a la vertiente fue nuevamente cerrado, esta vez con un portón metálico y los pobladores quedaron sin agua. Se desconocieron los derechos ancestrales de uso del agua de la comunidad y se prohibió el uso del baño termal comunitario. La planta embotelladora volvió a funcionar con la incorporación de un nuevo socio, Juan Villarzú Roe, ex vicepresidente de Codelco Chile, y Guillermo Atria Barros, abogado y empresario de la Quinta Región.
Ante esta situación, la comunidad indígena reaccionó, inscribiendo sus derechos de agua en la Dirección General de Aguas, pero equivocadamente solicitaron la inscripción de derechos, cuando lo que correspondía era pedir una regularización del “reconocimiento de sus derechos ancestrales”. Por este hecho el trámite demoró 8 años, con el agravante que ninguna autoridad pública los orientó sobre sus derechos, y sobre cómo realizar los procedimientos.
En contraste con esta situación, a la embotelladora de la Sociedad Agua Mineral Chusmiza no sólo se le concedió, con la complicidad del Estado, el derecho sobre las aguas ancestrales, a través de la DGA; además, se le permitió cambiar la naturaleza de los derechos de agua, desde derechos de carácter no consuntivo que tenía la empresa, a derechos consuntivos, en favor de la embotelladora, amenazando con ello la existencia del pueblo de Chusmiza y la economía local de la comunidad indígena.
La comunidad de Chusmiza-Usmagama, frente a la usurpación de sus derechos ancestrales de agua, se organiza e inicia desde 1996 acciones políticas y legales para recuperar el agua. Sin embargo, frente a la “injusticia” y falta de respuesta por parte del estado, se reagrupan en torno a los dirigentes Luis Carvajal y Teodoro Papic (hijo de Natalio Papic, el fundador de la planta Chusmiza) y multiplican las acciones en defensa de sus derechos.
Ambos constituyen un Comité de Defensa e inician una lucha frontal y decidida para recuperar los recursos hídricos que legítimamente pertenecen a Chusmiza y Usmagama; además de recuperar el derecho sobre el camino público que cruza por la comunidad.
Junto a ellos trabajó como secretario Salvador Cayo Pérez, quien también desempeñó una responsabilidad importante en esta difícil batalla.
El Comité de Defensa contrata al abogado, Juan Bautista Leyton, quien los asesora durante todo el proceso, y al cual pagan con el dinero que recaudan semana a semana preparando el plato típico de la región, la “calapurka”, que venden en los pueblos cercanos.
También recurren a la Corporación de Justicia y Democracia que preside el ex mandatario Patricio Aylwin, quien promulgara la Ley Indígena. Le envían fax, cartas y se contactan con la secretaria del coordinador de entrevistas, Andrés Journet. Lamentablemente después de varios días de trámite les contestan que no desean involucrarse en problemas de gobierno, que además pueden acarrear inconvenientes con sus camaradas. Todo ello, porque la esposa del demócrata cristiano Juan Villarzú Rodé, miembro de la Corporación, era parte del directorio de la embotelladora.
Después de dos años de campaña y acciones judiciales, finalmente la comunidad logra que el día 9 de abril de 1999, la Corte de Apelaciones de Santiago ordene a la embotelladora la reapertura y retiro de de todos los elementos que interfieran, ocupen u obstaculicen el camino público, frente a la vertiente, pues éste había sido cerrado arbitraria e ilegalmente por la empresa. Éste fue el primer indicio de justicia para los dirigentes, y el primer revés judicial para la embotelladora, en una lucha que la comunidad terminaría por ganar.
La pieza es anterior a 1960, ya que en ella aparece el apellido de los dos anteriores propietarios, Natalio Papic, el primer propietario de la marca y Antonio Ostoic. A partir de 1960 pasa a ser de un único propietario, Luis Papic Ramos.
Una pequeña pieza que encierra una gran historia.
Los poblados de Chusmiza y Usmagama en el norte de Chile, están ubicados a 140 Km. de la ciudad de Iquique y a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Cada pueblo cuenta con alrededor de 25 habitantes, y su población pertenece a la etnia Aymara. Su clima es templado con lluvias en los meses de diciembre, enero y febrero, por el fenómeno conocido como el invierno altiplánico. La mayor atracción de la zona son sus baños termales ubicados a 500 metros al sureste del pueblo, y a los cuales se les atribuyen poderes curativos. Esta fuente es también la principal fuente de abastecimiento de agua de ambos poblados.
Chusmiza y Usmagama han compartido por años su cultura y tradiciones, basadas principalmente en la agricultura y ganadería. Chusmiza es conocido en todo el país por su agua mineral y sus sanadoras aguas termales.
Desde comienzos de 1900 en estos pueblos vivían alrededor de 50 familias; cada una de éstas poseía aproximadamente unas 300 o 400 cabezas de ganado, caprino y ovino; y las tierras de ambos pueblos eran ideales para el cultivo de frutas, cereales y verduras, como el maíz, las habas, paltas, papas, cebollas etc. Para mantener estas actividades económicas para su sustento, los pobladores se abastecían de agua desde la vertiente de agua termal que emanaba de una roca, en el pueblo de Chusmiza.
En 1915 llegó desde el poblado cercano de Huara, Natalio Papic Bonacic, un inmigrante croata, quien se dio cuenta del negocio que había detrás de las medicinales aguas del socavón termal y decidió instalar una embotelladora, la que supuestamente traería progreso y desarrollo para ambos pueblos. Papic cedió los derechos de agua de sus predios a cambio de que la comunidad lo dejara extraer y procesar una pequeña cantidad (0,38 litros por segundo) de agua del socavón. El acuerdo fue sólo de palabra, ya que en ese entonces no se inscribían aún los derechos de agua y no existía el Código de Aguas, sino sólo se concedía la “merced de ésta”.
Luego de este acuerdo Natalio Papic construyó la embotelladora de Agua Mineral Chusmiza, frente al socavón, dejando un camino para la servidumbre pública y transitable, donde además instaló baños termales comunitarios. Dando inicio a la industrialización del agua termal en la zona.
Con el tiempo Papic se asoció con Antonio Ostoic, cambiando el nombre de la embotelladora por “Ostoic y Papic”, con la idea de construir un camino pavimentado hacia Chusmiza. Así Chusmiza fue uno de los primeros pueblos en contar con un camino apto para el tránsito de vehículos; no obstante faltaron cuatro kilómetros para llegar hasta la planta embotelladora, por lo que en dicho tramo, el agua envasada aún era transportada en animales. Posteriormente, Papic vendió su parte y la empresa pasó a llamarse “Ostoic y Cía.” Y en 1960, la embotelladora fue vendida a Luis Papic Ramos, entonces senador de la república y presidente del Senado.
Papic trasladó y modernizó la planta, incorporó más maquinaria, mejoró el acceso de camiones y aumentó la producción. Pero al mismo tiempo, sin informar a la comunidad, Luis Papic hizo los trámites para adjudicarse la concesión de derechos no consuntivos, por la mitad del caudal de la vertiente, para de esta manera poder llevar el agua, a través de cañerías, desde la vertiente hasta la embotelladora. En el año 1983, el Juzgado de Pozo Almonte le entregó a Luis Papic una autorización judicial para utilizar la mitad del caudal de Chusmiza.
A consecuencia de esta usurpación, Papic debió enfrentar las quejas y reclamos de la comunidad, por lo que se comprometió a solucionar el problema, devolver un nuevo baño termal comunitario, y entregar el agua que no ocupase a un estanque acumulador de agua, construido por la Dirección Regional de Riego, cosas que cumplió.
A la muerte de Papic en 1991, la empresa quedó abandonada por seis años hasta que su hijo Alejandro Papic Domínguez formó la Sociedad de Agua Mineral Chusmiza. El camino público a la vertiente fue nuevamente cerrado, esta vez con un portón metálico y los pobladores quedaron sin agua. Se desconocieron los derechos ancestrales de uso del agua de la comunidad y se prohibió el uso del baño termal comunitario. La planta embotelladora volvió a funcionar con la incorporación de un nuevo socio, Juan Villarzú Roe, ex vicepresidente de Codelco Chile, y Guillermo Atria Barros, abogado y empresario de la Quinta Región.
Ante esta situación, la comunidad indígena reaccionó, inscribiendo sus derechos de agua en la Dirección General de Aguas, pero equivocadamente solicitaron la inscripción de derechos, cuando lo que correspondía era pedir una regularización del “reconocimiento de sus derechos ancestrales”. Por este hecho el trámite demoró 8 años, con el agravante que ninguna autoridad pública los orientó sobre sus derechos, y sobre cómo realizar los procedimientos.
En contraste con esta situación, a la embotelladora de la Sociedad Agua Mineral Chusmiza no sólo se le concedió, con la complicidad del Estado, el derecho sobre las aguas ancestrales, a través de la DGA; además, se le permitió cambiar la naturaleza de los derechos de agua, desde derechos de carácter no consuntivo que tenía la empresa, a derechos consuntivos, en favor de la embotelladora, amenazando con ello la existencia del pueblo de Chusmiza y la economía local de la comunidad indígena.
La comunidad de Chusmiza-Usmagama, frente a la usurpación de sus derechos ancestrales de agua, se organiza e inicia desde 1996 acciones políticas y legales para recuperar el agua. Sin embargo, frente a la “injusticia” y falta de respuesta por parte del estado, se reagrupan en torno a los dirigentes Luis Carvajal y Teodoro Papic (hijo de Natalio Papic, el fundador de la planta Chusmiza) y multiplican las acciones en defensa de sus derechos.
Ambos constituyen un Comité de Defensa e inician una lucha frontal y decidida para recuperar los recursos hídricos que legítimamente pertenecen a Chusmiza y Usmagama; además de recuperar el derecho sobre el camino público que cruza por la comunidad.
Junto a ellos trabajó como secretario Salvador Cayo Pérez, quien también desempeñó una responsabilidad importante en esta difícil batalla.
El Comité de Defensa contrata al abogado, Juan Bautista Leyton, quien los asesora durante todo el proceso, y al cual pagan con el dinero que recaudan semana a semana preparando el plato típico de la región, la “calapurka”, que venden en los pueblos cercanos.
También recurren a la Corporación de Justicia y Democracia que preside el ex mandatario Patricio Aylwin, quien promulgara la Ley Indígena. Le envían fax, cartas y se contactan con la secretaria del coordinador de entrevistas, Andrés Journet. Lamentablemente después de varios días de trámite les contestan que no desean involucrarse en problemas de gobierno, que además pueden acarrear inconvenientes con sus camaradas. Todo ello, porque la esposa del demócrata cristiano Juan Villarzú Rodé, miembro de la Corporación, era parte del directorio de la embotelladora.
Después de dos años de campaña y acciones judiciales, finalmente la comunidad logra que el día 9 de abril de 1999, la Corte de Apelaciones de Santiago ordene a la embotelladora la reapertura y retiro de de todos los elementos que interfieran, ocupen u obstaculicen el camino público, frente a la vertiente, pues éste había sido cerrado arbitraria e ilegalmente por la empresa. Éste fue el primer indicio de justicia para los dirigentes, y el primer revés judicial para la embotelladora, en una lucha que la comunidad terminaría por ganar.
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